Repensando el Gasto de Inversión: Una Visión de Largo Plazo

El país no crece lo suficiente y se agota la credibilidad del gobierno para asegurar un desarrollo sostenible. En un marco de incertidumbre global y desgaste político, es fundamental la participación de actores empresariales en la formulación de políticas de crecimiento de largo plazo, como es el caso de la inversión en infraestructura.

infraestructura

Comenzó el mes de junio con un nuevo recorte a las estimaciones de crecimiento para México en 2016, esta vez por parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), quien en su reporte de Perspectivas Económicas Globales establece que el PIB de la segunda economía latinoamericana crecerá hasta un 2.6%, por debajo de las estimaciones oficiales originales y claramente insuficiente para crear los empleos y elevar el ingreso que se requiere.

El país continúa inmerso en un escenario económico, tanto doméstico como internacional, adverso. En el plano internacional, las finanzas públicas han resentido menores ingresos como resultado de los bajos precios del petróleo, y el peso continúa depreciándose ante la volatilidad financiera. En la esfera doméstica, el lastre para el crecimiento es la corrupción, la inseguridad y la desigualdad. Son problemas añejos y, aunque la economía mexicana luce sólida en comparación con otros países de la región, el promedio de crecimiento ha permanecido prácticamente inmóvil desde los últimos 30 años.

Si bien la demanda interna ha sido el principal impulsor de la economía este año, la creación de capital físico —o inversión en infraestructura— es  indispensable para generar crecimiento en el largo plazo. El gobierno se ha visto obligado a endurecer su política fiscal con un recorte del gasto del 0.7% del PIB para 2016, con lo cual grandes obras de infraestructura han quedado estancadas. Además, en la contratación de obra pública, asociaciones público-privadas, y concesiones de obra pública, se observa, en mayor o menor medida, la influencia negativa de la corrupción, la inseguridad y la impunidad.

¿Qué hacer para garantizar la ejecución de un plan de infraestructura de largo plazo, en un escenario de incertidumbre y volatilidad económica mundial, y de riesgo político nacional? Me parece que la respuesta se halla en mecanismos que favorezcan la inversión privada en proyectos de gran escala, blindándolos de vaivenes políticos en su ciclo de desarrollo, desde el diseño hasta su operación y mantenimiento.

Las cámaras industriales han señalado que uno de los principales problemas en el ciclo de desarrollo de infraestructura es que no hay instituciones que planeen proyectos, y que éstos suelen ser compromisos de gobierno sin un verdadero sentido de desarrollo. Por otro lado, coinciden en formular mecanismos que ayuden a transparentar la financiación de proyectos para determinar desde el principio si éstos son viables, si tienes solidez y si hay garantía de pago.

Al parecer, hay buena disposición para corregir esta situación. El gobierno ha realizado talleres y foros con grupos empresariales, especialistas y asociaciones para detectar áreas de oportunidad, y facilitar inversiones conjuntas que detonen el crecimiento económico del país. Los empresarios coinciden en algunos puntos trascendentales relacionados con los problemas arriba señalados, en particular una planeación efectiva que considere el establecimiento de un “banco de proyectos” que pueda gestionarse sin estar sujeto al tránsito sexenal. La idea sería conformar un organismo descentralizado desde el cual se pudiera administrar proyectos “bancables” y “transexenales” para atender de manera especial este tipo de inversiones. Otro aspecto fundamental ligado al anterior es el de financiar grandes proyectos de infraestructura a lo largo del país con  base en las necesidades especificas de desarrollo de cada región.

El Presupuesto de Egreso de la Federación, en su Ramo 23, contempla recursos asignados directamente a estados y municipios para obra pública; sin embargo, muchos de estos fondos consideran proyectos menores a 10 millones de pesos (mdp) y no terminan por constituirse en verdaderas herramientas de desarrollo regional. Políticas públicas diferentes, como las Zonas Económicas Especiales (ZEE), recientemente promulgadas por el ejecutivo federal, pueden atajar este problema y servir como modelo donde los sectores público y privado confluyan en la generación de riqueza en un marco de certeza jurídica y transparencia.

Hay un malestar social en el país por una incapacidad institucional para resolver problemas estructurales, como la delincuencia, la corrupción, la impunidad y la desigualdad. El país no crece lo suficiente y se agota la credibilidad del gobierno para asegurar un desarrollo sostenible. En un marco de incertidumbre global y desgaste político, es fundamental la participación de actores empresariales en la formulación de políticas de crecimiento de largo plazo, como es el caso de la inversión en infraestructura.