Repensando el Gasto de Inversión: Una Visión de Largo Plazo

El país no crece lo suficiente y se agota la credibilidad del gobierno para asegurar un desarrollo sostenible. En un marco de incertidumbre global y desgaste político, es fundamental la participación de actores empresariales en la formulación de políticas de crecimiento de largo plazo, como es el caso de la inversión en infraestructura.

infraestructura

Comenzó el mes de junio con un nuevo recorte a las estimaciones de crecimiento para México en 2016, esta vez por parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), quien en su reporte de Perspectivas Económicas Globales establece que el PIB de la segunda economía latinoamericana crecerá hasta un 2.6%, por debajo de las estimaciones oficiales originales y claramente insuficiente para crear los empleos y elevar el ingreso que se requiere.

El país continúa inmerso en un escenario económico, tanto doméstico como internacional, adverso. En el plano internacional, las finanzas públicas han resentido menores ingresos como resultado de los bajos precios del petróleo, y el peso continúa depreciándose ante la volatilidad financiera. En la esfera doméstica, el lastre para el crecimiento es la corrupción, la inseguridad y la desigualdad. Son problemas añejos y, aunque la economía mexicana luce sólida en comparación con otros países de la región, el promedio de crecimiento ha permanecido prácticamente inmóvil desde los últimos 30 años.

Si bien la demanda interna ha sido el principal impulsor de la economía este año, la creación de capital físico —o inversión en infraestructura— es  indispensable para generar crecimiento en el largo plazo. El gobierno se ha visto obligado a endurecer su política fiscal con un recorte del gasto del 0.7% del PIB para 2016, con lo cual grandes obras de infraestructura han quedado estancadas. Además, en la contratación de obra pública, asociaciones público-privadas, y concesiones de obra pública, se observa, en mayor o menor medida, la influencia negativa de la corrupción, la inseguridad y la impunidad.

¿Qué hacer para garantizar la ejecución de un plan de infraestructura de largo plazo, en un escenario de incertidumbre y volatilidad económica mundial, y de riesgo político nacional? Me parece que la respuesta se halla en mecanismos que favorezcan la inversión privada en proyectos de gran escala, blindándolos de vaivenes políticos en su ciclo de desarrollo, desde el diseño hasta su operación y mantenimiento.

Las cámaras industriales han señalado que uno de los principales problemas en el ciclo de desarrollo de infraestructura es que no hay instituciones que planeen proyectos, y que éstos suelen ser compromisos de gobierno sin un verdadero sentido de desarrollo. Por otro lado, coinciden en formular mecanismos que ayuden a transparentar la financiación de proyectos para determinar desde el principio si éstos son viables, si tienes solidez y si hay garantía de pago.

Al parecer, hay buena disposición para corregir esta situación. El gobierno ha realizado talleres y foros con grupos empresariales, especialistas y asociaciones para detectar áreas de oportunidad, y facilitar inversiones conjuntas que detonen el crecimiento económico del país. Los empresarios coinciden en algunos puntos trascendentales relacionados con los problemas arriba señalados, en particular una planeación efectiva que considere el establecimiento de un “banco de proyectos” que pueda gestionarse sin estar sujeto al tránsito sexenal. La idea sería conformar un organismo descentralizado desde el cual se pudiera administrar proyectos “bancables” y “transexenales” para atender de manera especial este tipo de inversiones. Otro aspecto fundamental ligado al anterior es el de financiar grandes proyectos de infraestructura a lo largo del país con  base en las necesidades especificas de desarrollo de cada región.

El Presupuesto de Egreso de la Federación, en su Ramo 23, contempla recursos asignados directamente a estados y municipios para obra pública; sin embargo, muchos de estos fondos consideran proyectos menores a 10 millones de pesos (mdp) y no terminan por constituirse en verdaderas herramientas de desarrollo regional. Políticas públicas diferentes, como las Zonas Económicas Especiales (ZEE), recientemente promulgadas por el ejecutivo federal, pueden atajar este problema y servir como modelo donde los sectores público y privado confluyan en la generación de riqueza en un marco de certeza jurídica y transparencia.

Hay un malestar social en el país por una incapacidad institucional para resolver problemas estructurales, como la delincuencia, la corrupción, la impunidad y la desigualdad. El país no crece lo suficiente y se agota la credibilidad del gobierno para asegurar un desarrollo sostenible. En un marco de incertidumbre global y desgaste político, es fundamental la participación de actores empresariales en la formulación de políticas de crecimiento de largo plazo, como es el caso de la inversión en infraestructura.

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De ratones y política económica: Gastar para crecer en 2014

En las últimas semanas se vino una oleada de revisiones a la baja del crecimiento económico de México en 2014, en contraste con la meta del gobierno federal, situada en 3.9 por ciento. Instituciones privadas como Barclays, HSBC, Credit Suisse, Banorte y Banamex han ajustado sus proyecciones, incluso por debajo del 3 por ciento, como resultado de indicadores poco alentadores en el cuarto trimestre del año pasado y en lo que va de éste.

Aunado a las bajas expectativas de crecimiento, predomina el malestar social con la reforma hacendaria y demás cambios estructurales que no terminan de consolidarse. Los impuestos son sumamente impopulares y el sector empresarial considera que sus intereses se han visto afectados. Entre los factores externos, perdura un contexto de incertidumbre en la economía global, con un bajo crecimiento en Estados Unidos y su consecuente impacto en la economía mexicana.

¿Cuál debe ser, entonces, la respuesta del gobierno ante un clima de riesgos externos y de desaceleración económica interna? Una de ellas, más allá de los dogmas económicos que se profesen, es el gasto público, siempre y cuando se realice, por supuesto, con responsabilidad y transparencia. El gasto programable se ha ejecutado en tiempo y forma en lo que va de este año, creciendo 19 por ciento en el primer bimestre con respecto al mismo periodo del año pasado.El gasto de las dependencias del gobierno federal aumentó 43.4 por ciento. Esto, se espera, inyectará dinamismo a una mermada economía nacional.

Los modelos económicos de las últimas décadas señalan que, para impulsar el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), un país debe incrementar el capital físico, favorecer el crecimiento del capital humano y los avances técnicos, entre otros. En efecto, la evidencia muestra que la inversión en infraestructura es un requisito fundamental del crecimiento económico.

En esta tesitura, el gasto de inversión crecerá más que el gasto corriente este año, colocándose en más de 800,000 mdp; es decir, 13.7 por ciento más que el año pasado en términos reales, lo cual representa el 24.2 por ciento del total del gasto programable para 2014. Con estos recursos se están financiando más de 4,000 programas y proyectos de inversión, entre las que destacan la ampliación del sistema del tren eléctrico urbano en la zona metropolitana de Guadalajara, el proyecto de transporte masivo BRT Indios Verdes-Ecatepec en el Estado de México y la carretera Acapulco-Zihuatanejo, en Guerrero.

El gasto público en México representa actualmente el 24 por ciento del PIB de acuerdo con cifras oficiales de la SHCP, proporción inferior a la media de los países industrializados que forman parte de la OCDE, situada por encima del 45 por cierto. Considerando la estabilidad macroeconómica y los bajos niveles de deuda pública que se tienen en el país, puede concluirse que hay espacio suficiente para gastar con fines de crecimiento.

Un gasto bien dirigido contribuiría, también, a lograr lo que se ha denominado como la democratización de la productividad, es decir, a crear elementos que permitan detonar la creatividad, la creación de empleos y, con ello, aumentar el ingreso y generar crecimiento económico. Para dar mayor certidumbre a la consecución de estos compromisos, se están produciendo mecanismos de trasparencia  del gasto, como es el caso del recientemente inaugurado portal en internet “Transparencia Presupuestaria” (www.transparenciapresupuestaria.gob.mx), en el que se podrá monitorear el uso de los recursos federales.

Es de esperarse que las reformas estructurales y un mayor dinamismo de la economía en Estados Unidos sean factores que mejoren los indicadores económicos en el mediano plazo. El gobernador de Banxico, Agustín Carstens, declaró recientemente que la economía mexicana podría crecer alrededor de 5 por ciento hacia el final del sexenio.

Los mexicanos, sin embargo, no pueden esperar a ver resultados. Las exportaciones, así como el consumo y la inversión privados, todavía no muestran señales evidentes de aceleración. La necesidad de crecer requiere  de un gasto más agresivo en el corto plazo. En palabras de Deng Xiaoping, “no importa que el gato sea blanco o negro, si no que cace ratones”. En circunstancias como éstas, el gasto público puntual y transparente luce como la herramienta más viable hacia el resto del año para movilizar la economía.